Tras 18 años en los que un edificio se dejó deliberadamente sin papeles, lo que permitió el cobro ilegal de alquileres, el ministro ha anunciado la finalización del procedimiento de registro. Esta situación se descubrió recientemente y el ministerio actuó con rapidez, presentando una solicitud de desalojo acelerado de los ocupantes ilegales. El ministro subrayó que ya no se aceptarán promesas de buena voluntad y que el Estado no seguirá asumiendo los costes de la despreocupación o la complicidad.
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