El Gobierno de Rumanía ha adoptado la Decisión del Gobierno nº 69, que establece una supervisión extendida sobre las entidades del grupo Lukoil que operan en el territorio nacional. Esta medida responde al impacto económico de las sanciones internacionales, con el objetivo de proteger los mercados de extracción y procesamiento de petróleo. Las empresas afectadas incluyen Lukoil S.R.L. y la refinería Petrotel-Lukoil en Ploiești.
La supervisión extendida permite al estado rumano asumir el control sobre las decisiones estratégicas de Lukoil, asegurándose de que la refinería funcione con petróleo no ruso y que los suministros hacia el mercado interno se mantengan. El nuevo supervisor, Ion-Bogdan Bugheanu, tendrá poderes ampliados, incluyendo el derecho de veto sobre el suministro y las transferencias financieras. En caso de que el propietario decida cerrar la refinería, el estado puede nombrar un operador externo para evitar un choque en el mercado de combustibles. La medida permite al Ministerio de Energía colaborar con la ANAF y la Oficina Nacional del Registro de Comercio para verificar la conformidad de las actividades de Lukoil.
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