El gobierno presidido por Ilie Bolojan planea limitar las primas por condiciones perjudiciales para los funcionarios a partir del 1 de julio, como parte de las medidas de austeridad.

La medida pretende recortar el gasto presupuestario, ya que Rumanía tuvo el mayor déficit de Europa el año pasado. La prima por condiciones perjudiciales se limitará a 300 lei brutos mensuales, en lugar del 15% del salario base, una medida criticada por el sindicato Europol. Sostienen que la medida afecta a los empleados de riesgo y que limitar el permiso de descanso adicional a 1-3 días al año es inaceptable.