El Defensor del Pueblo ha presentado una queja ante el Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) relacionada con la ordenanza de urgencia n.º 7/2026, que se refiere a la reforma de la administración pública central y local. La queja incluye los artículos I, VI, VIII, XII, XIII, XVII y XLIV, que modifican la legislación sobre la organización de la administración y las finanzas de las unidades administrativas-territoriales. La institución considera que algunas disposiciones podrían violar los principios constitucionales, incluida la legalidad, la separación de poderes en el estado y la claridad de las normas jurídicas.
Las críticas se centran en la reorganización de las estructuras administrativas y en la forma de financiación de las autoridades locales. El CCR analizará si las disposiciones impugnadas respetan la Constitución.
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