La Administración Presidencial clasificó como secreto de Estado el contrato de consultoría estratégica y lobby firmado el 21 de mayo de 2026 con la firma estadounidense Eversheds Sutherland, por un valor máximo de 3,39 millones de dólares. Sin embargo, los documentos presentados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en virtud de la ley FARA ofrecen detalles sobre el contrato, los pagos, los consultores y las actividades realizadas para Rumanía en Washington.
Según los documentos analizados por Libertatea, el acuerdo debía ejecutarse durante seis meses. Hasta el 30 de junio, la Administración Presidencial habría pagado dos cuotas, de 445.000 y 400.000 dólares, a las que se sumaron gastos superiores a 5.600 dólares. Eversheds subcontrató a consultores republicanos cercanos a Donald Trump, entre ellos Jason Miller, Matthew Schlapp, Christopher Putala y la firma Guidepost Strategies.
Los registros presentados en Estados Unidos indican que hubo conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y el embajador estadounidense en Bucarest. Las gestiones tenían como objetivo mantener las tropas estadounidenses en Rumanía, promover inversiones energéticas y financiar infraestructuras. El artículo también señala un posible conflicto de intereses: la misma firma prestó asistencia jurídica en una operación relacionada con la venta de las plantas siderúrgicas de Artrom Steel Tubes a Tenaris. Cotroceni se negó a comunicar el contrato y los entregables, alegando un procedimiento de urgencia basado en una decisión del CSAT.
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