Antes del anuncio sobre el procedimiento para los tranvías, el alcalde general Ciprian Ciucu pidió a los habitantes de Bucarest que soportaran las molestias causadas por varias obras abiertas simultáneamente para modernizar las líneas de tranvía, argumentando que los trabajos eran necesarios debido al deterioro de la infraestructura y a ciertos plazos impuestos por los financiadores/permisos. El alcalde también mencionó intereses financieros del orden de miles de millones de lei para proyectos de renovación y advirtió que los retrasos podían provocar la pérdida de la financiación.
En este mismo contexto, Ciucu también anunció financiaciones o negociaciones para el transporte público: la capital recibió 87,44 millones de euros para modernizar la flota de STB (incluida la adquisición de vehículos nuevos), y posteriormente el alcalde solicitó un préstamo de hasta 350 millones de euros al BERD para la modernización, un programa estimado en 1,65 mil millones de euros.
Paralelamente, STB estuvo en el centro de varias acciones judiciales: después de que el Tribunal de Bucarest rechazara anteriormente una solicitud de entrada en insolvencia debido a la falta de algunos documentos, Ciucu declaró que la sociedad había presentado una nueva solicitud, acompañada de documentos verificados, argumentando que la situación financiera de STB era lo suficientemente grave como para poder afectar también al presupuesto del Ayuntamiento.
