Marcel Ciolacu, presidente del Consejo del Condado de Buzău, afirmó en una conferencia de prensa que el Gobierno de Rumanía fue consciente desde 2023 de los riesgos de un proceso con Pfizer, pero eligió "ganar tiempo", dejando a la compañía que demandara al estado rumano. Ciolacu mencionó que no se comunicó directamente con el exministro de Salud, Alexandru Rafila, pero fue informado sobre los riesgos relacionados con el contrato con Pfizer.
Criticó el pedido de vacunas de 2021, considerándolo "ilógico", y subrayó que Rumanía arriesgó perder el proceso. Los documentos obtenidos por Digi24 muestran que el Gobierno sabía sobre las posibles consecuencias del contrato y que el Ministerio de Finanzas advirtió que el número de dosis solicitadas superaba la necesidad. En 2023, Rumanía tuvo que elegir entre aceptar una enmienda que habría reducido los costos o no aceptarla, lo que habría llevado a gastos adicionales. El exprimer ministro Nicolae Ciucă subrayó que la decisión final pertenecía al Ministerio de Salud.
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