El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) ha establecido que la ley criticada, que tiene como objetivo la implementación del Registro Único de Transparencia de Intereses (RUTI) en el Parlamento, no contraviene las exigencias constitucionales. El CCR ha confirmado que la ley respeta el principio de legalidad, la separación de poderes en el estado y la igualdad en derechos. Además, se ha validado el dictamen favorable del Consejo Legislativo, y las modificaciones legislativas han sido correctamente reflejadas en la exposición de motivos.
Las críticas sobre el estatus diferente de los diputados y senadores han sido rechazadas, el CCR subrayando que la regulación del RUTI no altera el papel fundamental de los parlamentarios de servir a los ciudadanos. La ley impone obligaciones de transparencia para los parlamentarios, sin afectar el diálogo abierto con los ciudadanos. La decisión del CCR es definitiva y de carácter general obligatorio.