Los jueces del Tribunal Constitucional se reúnen para analizar el proyecto de ley del Gobierno Bolojan, que propone aumentar la edad de jubilación de los magistrados y reducir sus pensiones. El proyecto está bloqueado desde diciembre, y en la última sesión de febrero, la decisión fue aplazada para evaluar una solicitud de la Alta Corte de Casación y Justicia (ICCJ) para remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La ICCJ argumenta que las modificaciones podrían violar los derechos de los magistrados y los principios de la Unión Europea. Si el CCR decide remitir el caso al TJUE, el proceso podría durar hasta dos años, durante los cuales la ley no podrá entrar en vigor. En caso de que el CCR no remita el caso al TJUE, podría emitir una decisión final sobre el proyecto. El proyecto prevé que la pensión de los magistrados se reduzca al 70% del último salario neto y aumenta la edad de jubilación a 65 años hasta 2042. La ICCJ sostiene que la ley crearía discriminaciones entre magistrados y otras categorías de beneficiarios de pensiones de servicio.
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