Diana Buzoianu, ministra del Medio Ambiente, declaró que casi 4.000 construcciones, incluidos hoteles y bares de playa, son sospechosas de ser ilegales, ya que están situadas entre la orilla del mar y el malecón, áreas que deberían ser de propiedad del estado. Las Aguas Rumanas solicitarán estudios jurídicos para establecer la línea costera y utilizar esta información como prueba en el tribunal.
Buzoianu mencionó que las soluciones para la eliminación de las construcciones serán analizadas individualmente, y el proceso tomará años. También explicó cómo terrenos del estado han sido transferidos ilegalmente a propiedad privada mediante decisiones de las autoridades locales, lo que facilitó su venta a inversores privados. El ministerio priorizará los casos que requieran intervención rápida.
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