Una profesora del Colegio Técnico "Rey Fernando" de Rădăuți ha reconocido los hechos ante los fiscales de la DNA, después de haber sido acusada de que, durante muchos años, intermediaba la obtención de diplomas y documentos de estudios falsos a cambio de sumas de dinero. Según los investigadores, ella prometía documentos aparentemente auténticos, afirmando que tenía influencia sobre algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Basándose en el acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, los fiscales propusieron una pena de tres años de prisión suspendida, la confiscación de las sumas obtenidas y la realización de 120 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
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