ANAF y el Ministerio de Finanzas han intensificado las verificaciones a las ONG, centrándose en cómo estas gastan el dinero de las donaciones y de la redirección del impuesto sobre la renta.
La abogada Luisiana Dobrinescu subraya que, tras los controles de ANAF, los patrocinadores pueden ser sancionados mediante la anulación de las facilidades fiscales, lo que les obliga a pagar un impuesto sobre beneficios adicional.
Dobrinescu identifica tres problemas principales en el enfoque de las autoridades:
Uso poco claro de los fondos – las ONG no pueden justificar suficientemente cómo han gastado el dinero de las donaciones o de las redirecciones de impuestos.
Reclasificación de los ingresos – algunas actividades (por ejemplo, actividades extraescolares) pueden ser consideradas por ANAF como actividades económicas, lo que lleva a impuestos adicionales.
Relación con los patrocinadores – existe el riesgo de que ciertas donaciones sean interpretadas como transacciones comerciales encubiertas, no como donaciones.
Las ONG deben estar preparadas con documentos justificativos para cada gasto, incluidos contratos de apoyo financiero y pruebas de pago.
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