Antes de la designación del comité provisional de acreedores, la refinería Petrotel Lukoil había entrado en insolvencia como consecuencia de las dificultades generadas por las sanciones internacionales impuestas tras la guerra en Ucrania. La empresa anunció su entrada en insolvencia alegando que necesitaba el marco legal para proteger la actividad y estabilizar sus relaciones comerciales, dado que la refinería se encontraba parada y las sanciones habían bloqueado la reanudación.
La decisión de insolvencia llegó después de que Petrotel acumulara deudas corrientes de más de 936 millones de lei y créditos de 225,5 millones de euros frente a Litasco, y el procedimiento estuvo relacionado con la interrupción de la actividad en el contexto de las sanciones. Paralelamente, continuaron las conversaciones sobre un posible cambio de control de los activos internacionales de Lukoil: un consorcio liderado por Todd Boehly preparó una oferta por los activos extranjeros del grupo, pero la transacción dependía de las aprobaciones de las autoridades estadounidenses relativas a las sanciones (OFAC).
