Antes de la actual etapa judicial, la Universidad «Alexandru Ioan Cuza» de Iași anunció la suspensión del contrato laboral de Alexandru Toader, inmediatamente después de su detención preventiva, y las actividades docentes serían asumidas por otros profesores. La dirección de la universidad convocó al Consejo de la Facultad de Derecho para tomar medidas a fin de que los cursos continuaran sin perturbaciones y pidió a los estudiantes que denunciaran infracciones de la ética universitaria, incluidas situaciones de acoso sexual.
Paralelamente, la UAIC amplió las restricciones también a los abogados Tudorel Toader y Andreea Urda en actividades con estudiantes de cuarto año, alegando la necesidad de evitar el contacto con posibles víctimas o testigos. La universidad organizó reuniones con los estudiantes y ofreció asesoramiento psicológico confidencial, así como apoyo a quienes quisieran reanudar sus estudios o volver a matricularse.
Por su parte, la Facultad de Derecho fue criticada por el Colegio de Abogados de Iași, que sostuvo que asociar la profesión de abogado con una situación de incompatibilidad podría desalentar la asunción de casos difíciles y afectar la confianza del público en el derecho a la defensa.
