Adriana Bahmușeanu, vecina de la unul dintre saloanele-paravan pentru proxenetism, declaró que los residentes de la zona han presentado a lo largo del tiempo varias quejas, sin embargo, las autoridades no han intervenido, y los vecinos incluso llegaron a ser amenazados con multas si insistían.
Ella sostiene que la actividad ilegal era conocida, con tráfico constante de personas y fiestas organizadas, y sugirió que la red estaba sostenida desde las sombras por personas con funciones o vínculos en instituciones, lo que explicaría su funcionamiento prolongado a la vista del mundo sin sanciones.
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