Los fiscales de Estambul han solicitado al Tribunal Supremo de Apelaciones de Turquía que inicie un proceso para disolver el Partido Republicano del Pueblo (CHP), acusando al partido de financiarse a través de fondos ilícitos. Esta solicitud llega tras un extenso informe contra el exalcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien se encuentra en detención y es considerado un rival político del presidente Erdoğan. El CHP enfrenta una intensa campaña legal, que considera motivada políticamente, mientras que el gobierno niega estas acusaciones.
La investigación ha revelado supuestas irregularidades financieras y manipulaciones electorales, y los fiscales sostienen que İmamoğlu y otros funcionarios del CHP han estado involucrados en actividades ilegales. El informe detalla acusaciones de corrupción y espionaje, con posibles penas de hasta 2.430 años para İmamoğlu. Además, la investigación ha descubierto violaciones de la protección de datos personales, con transferencias ilegales de información sensible de los ciudadanos. El CHP rechaza todas las acusaciones, afirmando que son parte de una estrategia política destinada a socavar la oposición. La fiscalía ha aclarado que no solicita el cierre del CHP, sino que solo notifica al Tribunal Supremo sobre las irregularidades financieras.