El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha establecido que la Unión Europea no tiene competencia para intervenir directamente en la fijación de salarios en los Estados miembros, rechazando así las demandas de imponer criterios obligatorios para el salario mínimo. La decisión llegó en el contexto de un recurso de Dinamarca, que argumentó que la directiva sobre salarios mínimos adecuados en la UE infringe el principio de separación de competencias.
El TJUE confirmó la validez de la mayoría de la directiva, pero anuló dos artículos que imponían criterios para la fijación y actualización del salario mínimo, considerando que representan una injerencia inadmisible en las competencias nacionales. El Tribunal subrayó que, aunque la UE puede apoyar las acciones de los Estados miembros en el ámbito de las condiciones laborales, no puede imponer reglas específicas sobre salarios. Esta decisión reafirma la autonomía de los Estados miembros en la fijación de la política salarial interna.