La decisión de Washington ha generado pánico entre los estados de la UE, que temen posibles perturbaciones en el suministro de combustible. Bulgaria ha adoptado una ley que permite al gobierno nombrar un administrador especial en la refinería de Burgas, con el poder de asumir el control operativo o nacionalizar la instalación. Rumanía, por otro lado, está analizando opciones, considerando una extensión de las sanciones para ganar tiempo, y la nacionalización se ve como una última solución.
El Ministro de Energía de Rumanía ha afirmado que el país está preparado para cualquier escenario, mientras que los esfuerzos por encontrar nuevos propietarios para las refinerías rusas se han visto afectados por la retirada del trader suizo Gunvor. Otros países de la UE, como Alemania y Hungría, buscan excepciones a las sanciones para proteger sus intereses energéticos.
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