El Ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoș Pîslaru, explicó que la denuncia al Ministerio Público Europeo en el caso de los microbuses eléctricos escolares adquiridos a sobreprecio se realizó apenas ahora porque las verificaciones implicaron múltiples controles y análisis realizados en paralelo, y el informe inicial del Cuerpo de Control no lo convenció del todo.
Señaló que se solicitaron aclaraciones adicionales, incluso del Ministerio de Educación, antes de enviar el caso a los fiscales, subrayando que el principal problema constatado fue la falta de cualquier análisis sobre la razonabilidad de los precios, en las condiciones en que el mismo tipo de microbús fue comprado por sumas que oscilan entre 99.000 y 263.000 euros, diferencias que levantan serias sospechas sobre la forma en que se gastaron los fondos del PNRR.