Los defensores de Călin Georgescu solicitan la restitución del auto de procesamiento, invocando irregularidades legales en la confirmación del acto de acusación por parte del fiscal Remus Popa.

Los abogados de Călin Georgescu han presentado una solicitud en la Corte de Apelaciones de Bucarest para la restitución del expediente al Ministerio Público junto a la Alta Corte de Casación y Justicia, invocando posibles irregularidades en el proceso de confirmación del acto de acusación. Ellos sostienen que el fiscal Remus Popa, quien confirmó el expediente, también realizó actos de investigación penal en el caso de Georgescu, lo que contraviene la ley, ya que un fiscal no puede verificar su propia actividad. Además, los defensores cuestionan la autenticidad de la firma de Popa en el expediente, mencionando una "p" escrita a mano junto a la firma, sugiriendo que otra persona podría haber firmado en su lugar.

Invocando el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal, los abogados argumentan que el expediente no fue verificado por un fiscal superior, afectando así la imparcialidad del procedimiento y los derechos procesales del acusado. Piden que el Ministerio Público remedie las irregularidades en un plazo de cinco días, de lo contrario, que disponga la restitución del expediente. El caso se encuentra en fase de sala preliminar, juzgado por el magistrado Mihai-Paul Cozma. Călin Georgescu está acusado de comunicar información falsa y de favorecer al autor del delito.